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Uno de los clásicos del Derecho de la Unión Europea ha sido el de la legitimación de los particulares para recurrir actos generales. El tema es importante para los ciudadanos y, además, afecta tanto a los tribunales de la Unión como a los nacionales. Como es sabido, las estrechas costuras de los Tratados a la hora de reconocer la legitimación de los particulares que recurren actos generales ha sido siempre interpretada de forma rigurosa por el Tribunal de Justicia, hasta que en el año 2002 se desencadenó una saga judicial que logró movilizar a los Estados miembros. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Unión de Pequeños Agricultores, las conclusiones en contra del Abogado General Jacobs en el mismo asunto, y la sentencia del entonces Tribunal de Primera Instancia en el asunto Jégo-Quéré, distanciándose de la jurisprudencia tradicional de su tribunal superior, convencieron a los Estados miembros que era necesario flexibilizar los requisitos de acceso de los particulares al juez de la validez de los actos de la Unión. Es así cómo el Tratado de Lisboa introdujo el actual artículo 263, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

 

Este precepto mantiene el tradicional requisito de que los actos generales deben afectar al particular de forma “directa e individual”. Sin embargo, a continuación se añade la posibilidad de recurrir “actos reglamentarios” cuando éstos afecten “directamente y […] no incluyan medidas de ejecución”. Pues bien, es precisamente esta adición la fórmula que permite ahora a los particulares recurrir actos generales ante los tribunales de la Unión, pues en el caso de los actos “reglamentarios” bastará con que la afectación sea “directa” y sin medidas de ejecución. No será necesaria la afectación “individual”, que es la condición que el Tribunal de Justicia interpretaba de forma muy estricta.

Sin embargo, una de las cuestiones que quedaba pendiente de aclaración era precisamente la interpretación del término “acto reglamentario”. ¿Se trata de cualquier acto general, o se está haciendo referencia a una categoría más formal y limitada a actos no legislativos? Los defensores de lo primero invocaban la importancia de asegurar el pleno acceso a la justicia, ahora reforzada tras la entrada en vigor del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Los defensores de lo segundo se basaban en el texto del proyecto de Tratado Constitucional, antecesor directo del Tratado de Lisboa, en el que se introducía la distinción entre “actos legislativos” y “actos reglamentarios”, siendo el artículo 263, párrafo 4, un resto colateral de los trabajos de la Convención.

Pues bien, la Gran Sala del Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre la cuestión en el asunto Inuit (C-583/11 P), inclinándose muy claramente, en línea con lo decidido anteriormente por el Tribunal General, a favor de la segunda interpretación: los “actos reglamentarios” a los que se refiere el artículo 263, párrafo 4 TFUE, son los actos no legislativos, es decir, los actos distintos a los adoptados a través de un procedimiento legislativo en el sentido del artículo 294 TFUE.

Al acoger esta tesis el Tribunal de Justicia ha vuelto a optar por la postura más estricta, pero también por la más coherente con la génesis del precepto, y así lo destacó en el punto 59 de la sentencia. En su apoyo contó con las conclusiones de la Abogado General Kokott, que se posicionó igualmente a favor de esta interpretación estricta. Sin embargo, una parte de la doctrina, así como el Abogado General Wathelet en el asunto Stichting Woonlinie (C-133 y 133/12 P), habían defendido con vehemencia la postura más aperturista. Estos argumentos han sido rechazados por el Tribunal de Justicia.

A pesar de la importancia práctica de la sentencia Inuit, siguen quedando varias cuestiones abiertas (y no menos relevantes) vinculadas a la legitimación de los particulares. Está aún por ver qué alcance tiene la expresión “[que] no incluyan medidas de ejecución”, especialmente tras la aprobación en el Tratado de Lisboa de una nueva categoría de actos, los “actos ejecutivos”. Esta cuestión está ahora planteada en el asunto Telefónica c. Comisión (C-274/12 P, con conclusiones ya publicadas de la Abogado General Kokott), aunque en el terreno específico de las ayudas de Estado. El Tribunal General ya ha tenido ocasión de abordarla en el asunto Microban (T-262/10), y el Tribunal de Justicia se pronunciará en los próximos meses cuando enjuicie el asunto T & L Sugars (C-456/13 P). Asimismo, queda por saber si el Tribunal de Justicia estará dispuesto a modificar su jurisprudencia TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92) la cual precluye a los particulares (legitimados) que no han recurrido un acto general en plazo la petición al juez nacional de planteamiento de una cuestión prejudicial. Estas, y otras preguntas del siempre complejo contencioso de la Unión, siguen flotando en el aire.

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