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Cualquier análisis doctrinal de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humano en el asunto Del Río Prada, requiere más espacio y, probablemente, una mayor distancia temporal a los acontecimientos. Vayan aquí, no obstante, en esbozo algunas de las cuestiones que suscita el fallo judicial.

         1. El elemento clave sobre el que pivota todo el debate jurídico es la delimitación y alcance del artículo 7 CEDH (“No hay pena sin ley”). Si la forma en que se aplicaban en España los beneficios penitenciarios se caracterizaba jurídicamente como una cuestión de ejecución de la pena y de política penitenciaria, dicho precepto no era aplicable y, por tanto, nada podía reprocharse al cambio de interpretación judicial operado en el año 2006. No ha sido ésta la conclusión de la mayoría del TEDH, para la que estábamos en presencia de una cuestión que afecta a “ley sobre el alcance de la pena”. Sólo los Jueces Mahoney (Reino Unido) y Vehabović (Bosnia Herzegovina) han compartido en sus votos particulares la tesis sostenida por España, con las consecuencias estimatorias de la demanda por todos conocidas.

         2. La denominada “doctrina Parot” –por cierto, curioso que entre todos hayamos dado a una doctrina jurisprudencial el nombre de un terrorista- ha pasado el filtro no sólo de dos textos jurídicos diferenciados (aquí la Constitución y en Estrasburgo el Convenio Europeo de derechos humanos). Al hacerlo, se ha enfrentado también a formas de razonar diferentes. Lo que no deja de tener su importancia. En efecto, el Tribunal Constitucional español consideró irrelevante para resolver los recursos de amparo tramitados contra dicha “doctrina” la perspectiva del artículo 25 CE (principio de legalidad penal), estimando que su examen debía hacerse a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y “como consecuencia de ello su derecho a la liberad” (artículo 17.1). Por el contrario, en Estrasburgo, desde la perspectiva del artículo 7 CEDH, lo determinante ha sido el juicio de previsibilidad de la ley penal. Una perspectiva que en el TC sólo se abordó en algunos de los votos particulares discrepantes. Además, para la sentencia del TEDH la “ley”, en este caso, ha de entenderse como un todo comprensivo tanto de las normas jurídicas como de su aplicación e interpretación judicial y administrativa. Un importante elemento éste, un tanto ajeno a los modos de razonar propios entre nosotros, pero sin el que la sentencia no se comprende.

         3. La sentencia del TEDH contiene un mandato claro y específico sobre las medidas que han de llevarse a cabo para su ejecución (“incumbe al Estado demandado asegurar que la demandante es puesta en libertad en el plazo más breve”). Un contenido de la sentencia que hasta ahora es excepcional (nos unimos a casos de Rusia, Georgia o Azerbayan, y en este punto también discrepa en un voto particular el Juez británico). Este contenido del fallo es una innovación judicial de las previsiones del Convenio. Una creatividad judicial que –hemos de reconocer- es intrínseca a otros tribunales internacionales europeos o al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Yendo más allá del caso concreto, la sentencia de Gran Sala en el asunto Del Río Prada pone de manifiesto algunas cuestiones de alcance más general.

         4. Resulta un tanto paradójico que siendo la cuestión de la previsibilidad de la norma el elemento clave para el fallo, la sentencia contenga en su seno un reconocimiento de la propia dificultad para hacer previsible la jurisprudencia del TEDH (párrafo 90). Un problema que ha sido advertido en ocasiones por los Estados miembros (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/DH_GDR/DH-GDR_R7_Add%20I_E.pdf). Desde luego, ni este párrafo, ni antes la sentencia de Gran Sala en el asunto Lautsi, ayudan a acallar aquéllas observaciones.

         5. Debe ser motivo de preocupación el creciente rechazo de algunos sectores de la opinión pública de los Estados europeos a instancias judiciales supranacionales. No se trata, baja ningún concepto, de que las sentencias tengan que dictarse pensando en su aceptación pública. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante estas reacciones. Y así lo están entendiendo en otras latitudes desde el máximo rigor jurídico (véase, el número especial del German Law Journal, bajo el título “Legitimacy and the Future of the European Court of Human Rights” y en especial su primera contribución: http://www.germanlawjournal.org/pdfs/Vol12-No10/PDF_Vol_12_No_10_1707-1715_Articles_Dzehtsiarou_Greene.pdf.

         6. Al hilo de lo dicho en el párrafo 2 sobre los diferentes enfoques o perspectivas para examinar un mismo asunto, me parece que la doctrina del TEDH, al menos la más reciente, merecería un sugerente análisis sobre el impacto que sobre el sentido de los fallos del TEDH pudieran tener las resoluciones judiciales nacionales discrepantes o los votos particulares del mismo signo. Ante una posible interpretación del derecho nacional más favorable o amplia de los derechos fundamentales, avalada en las propias jurisdicciones nacionales ¿no habrá un sesgo o tendencia del TEDH, máximo garante de los derechos humanos en Europa, en el sentido de entender vulnerado el CEDH? Es sólo una hipótesis a la espera de un investigador o profesor universitario.

         Como decía al inicio, he aquí un mero esbozo o descripción de lo que sugiere el fallo de Estrasburgo. A buen seguro, es sólo cuestión de tiempo que nuestra doctrina y la extranjera profundicen en éstos y otros aspectos de la sentencia. Entre tanto, sigue un debate en el propio Consejo de Europa sobre el futuro del TEDH, con reformas ya en proceso de firma y ratificación y otras en período de reflexión. Un debate que, sin embargo, merecerá una atención infinitamente menor que esta sentencia.

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