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En su sentencia de sala de 8 de abril de 2014, no definitiva, el TEDH ha constatado la violación por parte de Italia del artículo 6 de la Convención (proceso equitativo), así como del artículo 14 de la misma (prohibición de discriminación) en combinación con su artículo 8 (respeto a la vida privada y familiar). En efecto, por una parte se constata la violación de la obligación de motivación que incumbía a la Corte de Casación italiana con respecto a su negativa a plantear una cuestión prejudicial al TJUE. Por otra parte, la denegación de la ayuda familiar, concedida a los ciudadanos de la Unión, exclusivamente sobre la base de un criterio fundamentado en la nacionalidad, constituye una discriminación no permitida por la Convención.

El Sr. Bouraoui Dhahbi, nacional italiano, denunciaba la existencia de una discriminación basada en su nacionalidad en el momento de los hechos (tunecina). En efecto, el demandante, que había emigrado a Italia con un permiso de trabajo, solicitó una ayuda familiar que era normalmente concedida a los nacionales italianos (y ciudadanos europeos) en sus circunstancias. Fundamentalmente, el demandante estimaba que dicha ayuda debía serle concedida en virtud del Acuerdo euromediterráneo entre Túnez y la Unión Europea, que contiene en su artículo 65 el principio de igualdad de trato en materia de seguridad social. Los distintos niveles jurisdiccionales italianos desestimaron dicha demanda, considerando la ayuda en cuestión como una medida de asistencia social y no de seguridad social.

En relación a la violación del artículo 6 de la Convención, la discusión se centra en torno a la negativa de la Corte de Casación de no presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicando la doctrina del acto claro. En efecto, señala el demandante que, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, no podía excluirse una prestación tal como la que es objeto del litigio del ámbito de aplicación del Acuerdo euromediterráneo.

Ante esta situación, el TEDH comienza por recordar los principios relativos a la obligación de motivación que se derivan del artículo 6 de la Convención para las jurisdicciones nacionales en relación al planteamiento de cuestiones prejudiciales (Sentencia de 10 de abril de 2012, Vergauwen c. Bélgica). Teniendo en cuenta que no existía referencia alguna a la posibilidad de plantear cuestión prejudicial en la sentencia de la Corte de Casación, el TEDH llega a la conclusión de que ha existido una violación del artículo 6 de la Convención.

Por otra parte, el TEDH considera que la situación está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 de la Convención, recordando su jurisprudencia según la cual la concesión de prestaciones a las familias numerosas permite al Estado manifestar su respeto por la vida familar en el sentido de esta disposición. A continuación, aborda el Tribunal la espinosa cuestión de la existencia de una discriminación en relación a los ciudadanos de la Unión Europea. A este respecto considera el Tribunal que el demandante, en el momento de los hechos, era un trabajador residente con caracter duradero y regular que contribuía al sistema de seguridad social y a la financiación de los servicios públicos. Así, a pesar de que las "razones presupuestarias" arguídas por el Gobierno podrían constituir un fin legítimo, el empleo de la nacionalidad como único criterio para denegar el acceso a la ayuda familiar no cumple con las exigencias de proporcionalidad. En efecto, únicamente razones muy fuertes pueden llevar a considerar como compatible con la Convención una diferencia de trato exclusivamente fundada en la nacionaldidad.

El texto de la sentencia se encuentra disponible aquí.

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