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Blog de Derecho Europeo

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado esta semana su informe de evaluación sobre España, dedicado a la prevención de la corrupción en relación a los miembros del Parlamento, del Poder Judicial y de la Fiscalía. El informe, que parte de la situación actual de erosión de la credibilidad institucional y de desilusión ciudadana, expresa una cierta preocupación por la percepción de politización del Consejo General del Poder Judicial y propone, entre otras cuestiones, la introducción de "criterios objetivos" y de "requisitos de evaluación" para el nombramiento de los jueces en los rangos más altos de la judicatura, la reconsideración del mecanismo de nombramiento del Fiscal General del Estado, y el establecimiento de códigos de conducta en relación a la actuación de diputados, fiscales y jueces.

El texto del informe, en inglés, se encuentra disponible aquí.

En su sentencia de 7 de enero, no definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha examinado el sistema italiano de atribución de apellidos, que establece la transmisión automática del apellido del padre, y ha constatado la violación del artículo 14 del Convenio (no discriminación) en relación con el derecho a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio). El asunto se refiere a la negativa de las autoridades italianas de registrar a los hijos de los demandantes con el apellido materno, a pesar de la voluntad conjunta de sus progenitores. 

Por su indudable interés, y dado que las entrevistas publicadas con jueces del Tribunal de Justicia son escasas, en el siguiente link puede encontrarse una interesante entrevista con la juez del Tribunal de Justicia Sacha Prechal, publicada en el European Law Blog, en la que reflexiona sobre la función judicial, el Derecho de la Unión y el papel de la academia en el ámbito jurisdiccional.

La primera parte de la entrevista puede consultarse aquí. La segunda parte se encuentra disponible aquí.

El día 1 de enero de 2014 entrará en vigor la nueva Regla 47 del Reglamento interno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La modificación de las "Rules of the Court" afecta a los requisitos para la interposición de demandas individuales. Un nuevo formulario para la presentación de demandas estará disponible a partir de esa fecha.

(Comunicado de prensa).

Por otra parte, se encuentra abierta hasta el 27 de enero de 2014 la consulta pública sobre la reforma a largo plazo del Tribunal  Europeo de Derechos Humanos y de la Convención, lanzada por el Comité de expertos sobre la reforma del TEDH. La información para la presentación de contribuciones, que debe realizarse en inglés o francés, se encuentra disponible aquí. Las contribuciones, que serán publicadas en el sitio web del Consejo de Europa, serán examinadas por un grupo de expertos nacionales, que podrán eventualmente invitar a los autores de las contribuciones a participar de forma más profunda en las discusiones.

El día 12 de diciembre el Tribunal de Justicia publicó varias sentencias y conclusiones de gran interés. Entre otras, destacaré aquí la sentencia dictada en el asunto Portgás (C-425/12), una interesante cuestión prejudicial en la que se pregunta si una autoridad pública puede invocar una Directiva no transpuesta frente a otra autoridad pública. Manipulando un poco la terminología tradicional, podría decirse que se trata de saber si existe el efecto directo vertical horizontalizado, pues no estamos ante un particular invocando la Directiva frente al Estado, sino ante una autoridad invocándola frente a otra. Es el Estado contra el Estado, por decirlo de forma más gráfica.

El Tribunal de Justicia ha dicho que, efectivamente, una autoridad puede invocar una Directiva no transpuesta frente a otra autoridad. Los argumentos del Tribunal de Justicia son los siguientes:

“35      En efecto, sería contradictorio considerar que las autoridades estatales y los organismos que reúnan las condiciones expuestas en el apartado 24 de la presente sentencia están obligados a aplicar la Directiva 93/38, y al mismo tiempo denegar a las citadas autoridades la posibilidad de hacer que respete las disposiciones de dicha Directiva, en su caso ante los tribunales nacionales, un organismo que reúna estas condiciones, cuando también éste deba ajustarse a la citada Directiva.

36      Además, los Estados miembros podrían sacar partido del incumplimiento del Derecho de la Unión cometido al no transponer correctamente una directiva al Derecho interno, si el respeto de las disposiciones de la Directiva 93/38 por esos organismos no pudiera garantizarse a iniciativa de una autoridad estatal.

37      Por último, esta solución supondría permitir que un competidor privado invocase las disposiciones de la Directiva 93/38 contra una entidad contratante que reúna los criterios que figuran en el apartado 24 de la presente sentencia, mientras que las autoridades estatales no podrían invocar contra ella las obligaciones que se derivan de dicha Directiva. Así, en función de la naturaleza de las personas o de los organismos que invocasen contra ella la Directiva 93/38, esa entidad contratante estaría obligada, o no, a dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva. Ahora bien, en tales circunstancias, la citada Directiva ya no se aplicaría de manera uniforme en el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate.”

He aquí una pieza más a añadir al complejo puzzle que hoy día representa el efecto directo de las Directivas.

El Tribunal de Justicia acaba de publicar el último número de su boletín "Reflets", disponible a través del siguiente enlace. Además de las habituales reseñas de jurisprudencia y legislación nacional sobre cuestiones vinculadas al Derecho de la Unión, destacamos la sección de "ecos de la doctrina", dedicada monográficamente al impacto doctrinal de las sentencias Akerberg Fransson y Melloni, y la intepretación del artículo 51 de la Carta. 

El texto, como viene siendo habitual desde el lanzamiento de esta publicación, se encuentra únicamente en lengua francesa.

Como resultado del acto conmemorativo del 50 aniversario de la sentencia Van Gend en Loos, celebrado el 13 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la UE acaba de publicar un libro en el que se recopilan las distintas contribuciones de los ponentes que participaron en dicho acto. Se trata de un volumen con aportaciones de firmas muy representativas, como las de Piet Eeckhout, Jean-Victor Louis o Bruno de Witte, entre muchos otros.

El Tribunal de Justicia, como editor de la obra, ha puesto a disposición del público una copia descargable en formato pdf disponible aquí, o en formato Flipping Book disponible aquí, los cuales se suman a la versión en vídeo accesible a través del siguiente enlace.

En la reciente STC 186/2013, el Tribunal Constitucional español ha dictado una interesante sentencia sobre el derecho fundamental a la libre circulación (artículo 19 CE), en el que aplica el conocido como “test Ruiz Zambrano” de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a una decisión de expulsión de la madre de un nacional español menor de edad. Siguiendo la misma lógica que la expuesta por el Tribunal de Justicia en el asunto Ruiz Zambrano, y tras citar expresamente dicha sentencia, el Tribunal Constitucional considera que la expulsión del progenitor de un nacional español menor de edad es susceptible de impedir “el disfrute efectivo de las libertades que como ciudadana española le reconoce el art. 19 CE” (FJ 5º).

Recuérdese que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Ruiz Zambrano, reconoce que el artículo 20 TFUE se opone a medidas nacionales que lesionen “el disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión” (apartado 42). Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional se refiere únicamente a la libertad de circulación (artículo 19 CE) y no cita el precepto relativo a la nacionalidad (artículo 11 CE), el paralelismo con la sentencia Ruiz Zambrano y el fundamento de ésta es más que evidente.

Esta semana, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha publicado un "issue paper" sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis económica, dando cuenta del impacto de las medidas de austeridad en la protección de los derechos humanos, en particular, de los derechos económicos y sociales. El informe, que contiene asimismo las recomendaciones del Comisario para el disfrute efectivo e igual de los derechos humanos en tiempos de crisis,  refleja también algunas consideraciones preocupantes con respecto a la situación en España, que vienen a añadirse a lo ya apuntado por el Informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos sobre España, emitido en el mes de octubre de 2013.

La Comisión Europea acaba de presentar tres proyectos de Directivas sobre armonización del proceso penal. Son tres textos de un gran interés, pues su aplicación no se limita a situaciones transfronterizas, sino que tienen el propósito de armonizar con carácter general determinados aspectos del proceso penal en los veintiocho Estados miembros. La más destacada es la relativa a la presunción de inocencia, disponible aquí (de momento sólo en inglés). La segunda tiene por objeto el refuerzo de las garantías procesales de los menores en el proceso penal, y la tercera pretende armonizar la asistencia jurídica gratuita.

Téngase en cuenta que estos proyectos tendrán como misión la configuración legislativa de las garantías previstas en los artículos 47 y 48 de la Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea.

La discusión no acaba más que empezar, y es difícil que los tres textos vean la luz antes de las elecciones europeas de 2014. Sin embargo, es previsible que la próxima Comisión retome esta iniciativa, pues es el fruto de un mandato del Consejo, acordado en 2009, cuyo objetivo era armonizar las garantías básicas de los procesos penales en los veintiocho Estados miembros.

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