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Blog de Derecho Europeo

El 26 de noviembre de 2013 el Tribunal de Justicia dictó tres sentencias en los asuntos Gascogne Sack Deutschland / Comisión,  Kendrion/Comisión y Groupe Gascogne/Comisión. Son tres sentencias importantes por el hecho de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia ha intentado abordar, con voluntad de ordenar la jurisprudencia anterior, su posición respecto de un tema sensible: la alegación de dilaciones indebidas atribuibles al Tribunal General de la Unión Europea.

La cuestión de las dilaciones indebidas había sido ya tratada por el Tribunal de Justicia en los asuntos Baustahlgewebe/Comisión y Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Comisión. En ambos casos el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General había incurrido en una lesión del derecho fundamental a causa de las dilaciones del proceso sufridas en la instancia. Sin embargo, en el primer asunto citado, donde no había sanciones recurridas, el Tribunal de Justicia incitó a la parte recurrente a reclamar, por vía indemnizatoria, los daños sufridos. En el segundo asunto, en el que sí había en juego una sanción, el Tribunal de Justicia compensó el daño sufrido mediante una reducción de la sanción. Por tanto, no quedaba del todo claro cuál era la vía de recurso adecuada, pues, en principio, parecería que el criterio de la vía de recurso se basaría en el tipo de acto recurrido, solución que no siempre sería ni clara ni del todo satisfactoria.

El grupo Glienicker está compuesto por varios juristas, economistas y politólogos alemanes de reconocido prestigio, como Armin von Bogdandy, Christian Calliess, Daniela Schwarzer o Franz Mayer. Hace unas semanas publicaron un comunicado, difundido en los principales diarios y semanarios alemanes, sobre el futuro de la Unión y de la zona euro. Dado su indudable interés recomendamos su lectura, sea en su versión alemana, disponible aquí, o en su versión inglésa.

En la última reunión de su Junta Directiva, la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo ha acordado lanzar este Blog, con el que se pretende crear una plataforma de información útil, actualizada y solvente que dé cuenta de los últimos acontecimientos en Derecho europeo. El objetivo de los editores del Blog es suministrar con carácter semanal informaciones sobre las últimas sentencias, acontecimientos académicos y, en general, cualesquiera reformas importantes para los juristas europeos. Aunque el grueso de la información tendrá carácter descriptivo, en ocasiones también contaremos con firmas invitadas que nos proporcionarán su visión sobre una amplia variedad de materias.

Para inaugurar este Blog hemos tenido la suerte de contar con la firma de Fernando Irurzun Montoro, abogado del Estado y actualmente Subdirector General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado. En este primer post Fernando analiza la reciente Sentencia del TEDH Inés del Río c. España, y lo hace con la autoridad de quien conoce en profundidad tanto la jurisprudencia como la práctica del TEDH.

Esperamos que este Blog sea un instrumento útil para los juristas interesados en el Derecho europeo.

Los editores

Daniel Sarmiento y Sara Iglesias Sánchez

 

Cualquier análisis doctrinal de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humano en el asunto Del Río Prada, requiere más espacio y, probablemente, una mayor distancia temporal a los acontecimientos. Vayan aquí, no obstante, en esbozo algunas de las cuestiones que suscita el fallo judicial.

         1. El elemento clave sobre el que pivota todo el debate jurídico es la delimitación y alcance del artículo 7 CEDH (“No hay pena sin ley”). Si la forma en que se aplicaban en España los beneficios penitenciarios se caracterizaba jurídicamente como una cuestión de ejecución de la pena y de política penitenciaria, dicho precepto no era aplicable y, por tanto, nada podía reprocharse al cambio de interpretación judicial operado en el año 2006. No ha sido ésta la conclusión de la mayoría del TEDH, para la que estábamos en presencia de una cuestión que afecta a “ley sobre el alcance de la pena”. Sólo los Jueces Mahoney (Reino Unido) y Vehabović (Bosnia Herzegovina) han compartido en sus votos particulares la tesis sostenida por España, con las consecuencias estimatorias de la demanda por todos conocidas.

Uno de los clásicos del Derecho de la Unión Europea ha sido el de la legitimación de los particulares para recurrir actos generales. El tema es importante para los ciudadanos y, además, afecta tanto a los tribunales de la Unión como a los nacionales. Como es sabido, las estrechas costuras de los Tratados a la hora de reconocer la legitimación de los particulares que recurren actos generales ha sido siempre interpretada de forma rigurosa por el Tribunal de Justicia, hasta que en el año 2002 se desencadenó una saga judicial que logró movilizar a los Estados miembros. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Unión de Pequeños Agricultores, las conclusiones en contra del Abogado General Jacobs en el mismo asunto, y la sentencia del entonces Tribunal de Primera Instancia en el asunto Jégo-Quéré, distanciándose de la jurisprudencia tradicional de su tribunal superior, convencieron a los Estados miembros que era necesario flexibilizar los requisitos de acceso de los particulares al juez de la validez de los actos de la Unión. Es así cómo el Tratado de Lisboa introdujo el actual artículo 263, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En su Decisión de 11 de junio de 2013, el TEDH ha declarado inadmisible la demanda contra los Países Bajos interpuesta por varios demandantes individuales y por la Fundación de Madres de Srebrenica. En la decisión, el TEDH examina la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de las Naciones Unidas desde la óptica del artículo 6 de la Convención, cuestión ya abordada en el asunto Behrami y Saramati, para concluir que la demanda es inadmisible por estar manifiestamente mal fundada. No obstante, la decisión es de importancia, ya que supone un pronunciamiento que viene a añadirse al ya amplio espectro de decisiones judiciales sobre la controvertida cuestión de la inmunidad de jurisdicción en asuntos que traen causa de violaciones del ius cogens (por ejemplo, véase la sentencia del TEDH en Al-Adsani c. Reino Unido). 

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